Ya lo saben, los fijos discontinuos del Servicio Municipalizado de Deportes tienen claro que ya no son ni fijos ni discontinuos, ni siquiera lo contrario, móviles continuos. No son, para el Ayuntamiento, nada más que unas cifras que se embadurnan de necesidad en tiempos de crisis pero que esconden una privatización progresiva de los servicios públicos.
Es decir, ahora en vez de pagar a trabajadores que durante unos meses se ganan unas perrillas (imagino que no les da para calafatear el yate) encomendaremos tareas como acondicionar piscinas, cuidar canchas deportivas y otros menesteres a alguna empresa privada de las de la cuerda y, supuestamente, con eso nos vamos a ahorrar dinero.
A mí me parece una estafa de quienes están obligados a gestionar nuestros bienes comunes, pues no me entra en la cabeza –y ahora más que nunca podría presumir de "mente abierta"– que lo que es una ruina para la gestión pública pueda ser negocio para la empresa privada. Cuando menos, supone el reconocimiento del fracaso para quienes representan nuestros intereses, incapaces de convertir en sostenible lo que en manos de otros genera margen de beneficio. Cuando más, alimenta la sospecha del encerrado gato tras el que se escapan los bienes colectivos a manos privadas. Que se lo llevan muerto, vaya.
No sé si son 17, o casi, por ahí anda. La lista de trabajadores a suprimir en Deportes es pareja a la de cargos de confianza nombrados en 2003 cuyas posaderas siguen ahí a pesar de la sentencia judicial que declaraba ilegales sus nombramientos, sentencia recurrida con dinero de todos y cuyo desenlace sigue en el limbo de las eternidades jurídicas. A estos sí les da su sueldo para algún calafateo, pero sus tareas no se pueden privatizar. Qué lástima.

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