
A la chita callando, o casi, progresa adecuadamente con buenos informes la evaluación de la gasolinera de Carrefour, que estará instalada si el alumno aprueba antes de que a Hipercor le dé tiempo a desembarcar con sus fardos de dura competencia. Todo va muy deprisa: se dice que en el Ayuntamiento las diferentes secciones trabajan al unísono (lo nunca visto) para acelerar la aprobación del proyecto. Más ahora, cuando un juez diligente podría dejar sin efecto la fórmula en la que se basa la licencia y dar con todo al traste. Pero si el juez se retrasa lo tendrá difícil para retrotraer los hechos consumados y el litigio se perderá en el infinito de los recursos. Otra victoria en los despachos.
La cosa tiene su miga, no sólo por la relación de ex ministros que vincula a Arias Salgado, el presidente en España de la cadena francesa tras ser artífice de la ley que permite vender gasolina en los hipermercados, con Juan Carlos Aparicio, algo que explicaría muchas diligencias, sino por el tejemaneje urdido para conseguir un objetivo que tiene detrás muchos millones de euros saliendo de la manguera y del incentivo de compra.
Todo comienza con la necesidad de eliminar del PGOU la norma de los 900 metros de distancia entre estaciones de servicio. El Ayuntamiento convoca un Pleno extraordinario el 29 de febrero (singular, la fecha) con ese único punto en el orden del día. Como razón aduce que "lo pide el sector", algo que desmiente de forma tan rápida como ignorada la asociación de empresarios Adesbur, que agrupa a más del 90 por ciento de las gasolineras de la provincia. Como muestra de su razón el concejal Lacalle exhibe una solicitud para abrir un lavacoches, realizada por un industrial que nada tiene que ver con los combustibles.
A pesar del esperpento, la norma se elimina del Plan General de Ordenación Urbana por la fuerza del rodillo popular, que arrodilla cuanto se le ponga enfrente. Hete aquí que Adesbur denuncia el asunto en el Juzgado de lo Contencioso, pero está condenada a contemplar cómo avanza su tema en contra, incluso en contra de la opinión popular que ansía ahorrarse cinco céntimos por litro tras haber llenado los decálitros que caben en el carrito y haber pasado por caja. Aunque se asegure que el combustible es mucho peor y sea obligatorio el autoservicio el negocio funciona de perlas.
La pérdida de puestos de trabajo en estaciones de servicio, sobre todo las más cercanas, está cantada. Pero aún puede ser más grave si, como Adesbur avisa, la peligrosidad del proyecto no se tiene en cuenta. La ubicación de los depósitos y las deficiencias en ventilación aérea pueden constituir un riesgo que va más allá de tener empleo, el de trasladarse para siempre al otro lado del monte sin necesidad de más repostajes.

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