
Me manda una nota el PSOE que voy a reproducir íntegra y casi sin comentar, porque ya lo dice todo. Juzgo de interés que se conozca el valor de esas "obras de arte" que van surgiendo por la ciudad, cuánto y cómo se paga por ellas. La imagen la he cogido prestada del blog A vista de Cerdo ( www.avistadecerdo.blogspot.com ) , uno de mis favoritos de la Burgosfera. Gracias y disculpas a Raquel –un placer haberte conocido– y compañía por la urgencia que me impide avisar con tiempo. Va la nota:
"El PSOE denuncia que el procedimiento por el que se han abonado las estatuas que se han colocado por diferentes lugares de la ciudad incurre en una manifiesta ilegalidad, puesto que el pago se ha realizado mediante un Acta de Precios Contradictorios, procedimiento que sólo ha de emplearse cuando en la ejecución de una obra se produce una circunstancia sobrevenida. El pago de estas esculturas se aprobó ayer, durante la celebración de la última reunión de la Gerencia de Fomento.
El concejal socialista, Antonio Fernández Santos, considera que el equipo de Gobierno "incumple la ley con el empleo de un procedimiento que sólo debe utilizarse cuando, durante el transcurso de una obra, aparecen necesidades nuevas o imprevistos que hay que solventar, cuestiones todas ellas que deben justificarse en el correspondiente expediente".
Como se recordará, las esculturas se han abonado con dinero del Plan E del Gobierno de la Nación y dentro de los 31,8 millones de euros concedidos a la ciudad de Burgos. Todas las que se citan a continuación, con sus correspondientes precios, han sido incorporadas al expediente denominado "Obras de peatonalización de las calles San Lorenzo, San Carlos, San Gil, Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo\". La ejecución ha corrido a cargo de Construcciones Ortega S.A., por un importe de licitación de 2.864.210,50 ? con cargo Plan E. Fondo Estatal de Inversión Local.
El procedimiento adoptado para pagar las estatuas ha sido, a juicio de Fernández Santos, "una ilegalidad en toda regla", puesto que sus importes se incorporan a la obra antes reseñada mediante un Acta de Precios Contradictorios. Además, se produce la circunstancia de que, en algunos casos, la escultura se coloca en calles en las que no se ha producido intervención alguna, lo que supone una "auténtica artimaña y engaño".
Las estatuas y sus importes son las siguientes:
UN HERRERO CON SU YUNQUE DE TRABAJO, por un importe de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. Colocada en la C/ San Lorenzo.
UNA PERSONA LEYENDO UN PERIÓDICO, por un importe de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. No está colocada en ningún sitio, hasta ahora.
DOS ANCIANOS SENTADOS EN UN BANCO, por un importe de OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. Colocada en la C/ Laín Calvo.
UN POLICÍA MUNICIPAL REGULANDO EL TRÁFICO, por un importe de TREINTA Y SEIS MIL OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. No está colocada en ningún sitio, hasta ahora.
UN DULZAINERO Y UN REDOBLANTE, por un importe de CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. Colocada en C/ San Lesmes.\"
Esto es todo por este año. En 2010 habrá más.
Que todos los lectores de bien seáis felices.

He escrito poco últimamente sobre los gastos municipales. No por falta de materia, pues en la hacienda que descontrola Ibáñez sólo se puede entrar pronunciando "Ábrete sésamo" y en su interior se hinchan los monstruos de galletas, sino por la imparable realidad que me mantiene alejado de las redes la mayor parte del tiempo. Por falta de ganas no ha sido, que podría haber hecho hasta un quejido con el tono de José Larralde glosando el viaje pagado a Argentina de unos cuantos políticos con sus funcionarios, o haber tocado a rebato con la propaganda engañosa que nos sirven sobre los impuestos –sin ningún pudor, hay que ver hasta qué punto conocen la profundidad de las tragaderas burgalesas–, o ridiculizar el ahorro del gasto navideño con los trabajadores, o...
¿Para qué? Pregunto a la postre. No va a servir de nada que uno se desgañite, si no es para ganarse un buen dolor de garganta a cuenta de los virus que me envían: es tan grande la tirria que me profesan que ya no dudan ni en usar la guerra bacteriológica, los muy ladinos. El otro día se partían el eje tres o cuatro con la aprobación de la gasolinera de Carrefour, celebrando lo listísimos que han sido convirtiendo en legal lo ilegal y saboreando la cesta que, a buen seguro, les llegará de parte de Arias Salgado, que como novedad este año pondrá pasta italiana y francesa al lado del turrón de yema. Aparicio está muy contento, no hay como poder hacer favores a los amigos para que se sientan obligados a devolvértelos. Y, total, cuesta muy poco ser rumboso.
Si he sentido la necesidad de juntar unos minutos para hablar de estos temas se debe, principalmente, a una información que se metió en mi ojo como una mota hace diez días. Pensé que saldría sola, pero cada vez se me hace más molesta y necesito expulsarla. Sucedió mientras leía el orden del día de la Comisión de Gobierno, que incluía la aprobación de un gasto de la Gerencia de Servicios Sociales; era una cosa menor, 410 euros para pagar una factura "presentada por la empresa Wolters Kluwer España SA, en concepto de suscripción revista periodo 03-2008 a 02-2009 del Área de Mujer de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales Juventud e Igualdad de Oportunidades", según reza ese punto.
Picado por la curiosidad, he buscado en internet a los emisores de la factura y me encuentro con el portal de una empresa consultora que edita la revista Connect, que supongo será la cabecera de la suscripción. Hay varias cosas raras: la revista es semestral y nada del otro mundo, no parece en consonancia la cifra cobrada con la cantidad (2 números) y calidad del producto; los contenidos son fundamentalmente empresariales y financieros, lo que no acierto a ver relacionable de modo muy directo con el Área de Mujer, que es quien paga la cuenta; la publicación está disponible en internet y se puede descargar, algo que evitaría un gasto superfluo en tiempos de crisis; y algunas cosillas más de olor inquietante.
Claro está, esto ya ha sido aprobado y se pagará, como se pagarán cientos de pequeños gastos que genera cada día el Ayuntamiento sin ningún control. Estoy convencido de que se desatienden los agujerillos del odre porque les es más fácil rellenarlo con el vino de nuestros impuestos (son muchos más que el IBI y las basuras, por si alguien se engaña) que ensuciarse los dedos con la pez necesaria para evitar tanto despilfarro. Por cierto, no he oído a nadie preguntar a la concejala del Servicio dónde tiene un ejemplar de esa revista, o los dos. Tal vez esté encuadernada con hilo de oro y tenga cubiertas de marfil, lo que serían razones para tenerla a buen recaudo.

A estas alturas del guiso ya nos damos cuenta de que faltan ingredientes. De las insinuaciones sobre el maltrecho estado de la economía municipal hemos pasado a la certificación de nuestra debilidad reconocida por el concejal de Hacienda, un jovenzuelo señor cuyo crédito parece agotarse tras seis años de dilapidación, enajenación de recursos públicos, subidas abusivas de impuestos y otras lindezas que han empobrecido la ciudad y a sus ciudadanos. El muchacho llegó navegando como Simbad, fue Aladino frotando la lámpara que cambiaba suelo público por dotaciones y luego se convirtió en Alí-Babá: la justicia le dijo que eso no era legal y no pareció importarle.
Un magnífico análisis de Álvaro Melcón, en el ejemplar de Diario de Burgos de hoy mismo, revela el grado de preocupación del edil Ibáñez ante lo que se le viene encima. Ya no es momento de medias tintas y se ponen las cartas boca arriba, reconociendo que algunos de los proyectos clave de su programa electoral van a tener muy difícil su ejecución en la presente legislatura. No me pilla de nuevo, yo tengo guardada una página de ese mismo rotativo (he tratado de buscarla en su hemeroteca de la versión digital, pero no está, qué curioso) publicada el 31 de mayo de 2007 (página 7), en la que se glosa el "medio centenar de promesas" con que Aparicio conquistó la Alcaldía por segunda vez.
En esa lista de cincuenta compromisos adquiridos hay algunos muy fáciles, se nota que había que llegar a la cifra redonda con el estímulo de la imaginación. Pero ni siquiera esos detalles de ornato han sido ejecutados con eficacia, no hablemos ya de los grandes objetivos que la ciudad precisa de manera urgente, como por ejemplo la depuradora. Con lo que ya sabemos, debemos prepararnos para una nueva estrategia de comunicación, capaz de convencer a los de siempre, que en los próximos dos años tratará de convertir los fracasos del equipo de Aparicio en compasión ciudadana y a los culpables de la situación en víctimas de la crisis.
En cuanto vuelvan a salir elegidos –los de siempre en la ciudad son legión– seguirán con lo mismo, después de la conveniente subida de impuestos. En Burgos es difícil poder explicar, por falta de voz, que el ingente despilfarro del gasto corriente, el encargo de costosísimos proyectos sin futuro, los sobreprecios pagados por determinados servicios y otras causas oscuras están detrás de que en este momento no tengamos más que deudas, unos 140 millones de euros, mientras en las arcas municipales sólo quedan telarañas.
Ni siquiera el arreón inversor del Plan E de Zapatero logrará disimular por mucho tiempo esta catástrofe. Pocos dudan de que habrá que volver a endeudarse, de la palabra austeridad pasaremos a precariedad en un sutil cambio de concepto. La culpa, no lo duden, es de Sherezade, que fue quien inauguró lo de inventarse un cuento cada día.

Por culpa del escaso presupuesto no tenemos suficientes periodistas para dedicarlos a la investigación, así que voy a dejar que nuestros colegas de otros medios persigan (?) indicios que nos apetecería mucho atender. Uno de ellos se basa en los extractos de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en cuyo orden del día del pasado 2 de abril se recogían, entre otras, estas certificaciones dinerarias:
"13. Arasti Barca SCV, certificación del mes de octubre por servicios de actividades formativas y talleres en los Centros Cívicos, por importe de 133.561,25 €.
14. Arasti Barca SL y SCV, certificación del mes de noviembre por servicios de información, conserjería y biblioteca en los Centros Cívicos, por importe de 101.406,54 €.
15. Arasti Barca SCV, certificación del mes de noviembre por servicios de actividades formativas, talleres, excursiones y charlas en los Centros Cívicos, por importe de 123.836,40 €.
16. Arasti Barca S.L., certificación del mes de diciembre por servicios de biblioteca-mediateca en los Centros Cívicos, por importe de 51.107,52 €.
17. Ludoland, certificación del mes de enero de 2009 por servicios de Ludoteca y sala de encuentro en los Centros Cívicos, por importe de 57.276,72 €.
18. Arasti Barca SL y Arasti Barca SCV, certificación del mes de enero de 2009 por servicios de información, conserjería y biblioteca-mediateca en los Centros Cívicos, por importe de 104.436,33 €.
19. Arasti Barca SCV, certificación del mes de enero de 2009 por servicios de charlas, actividades formativas y talleres en los Centros Cívicos, por importe de 118.135,34€."
Es bastante plata, sin duda, todos los meses por servicios que no nos parecen tan costosos. La empresa más nombrada percibe además muchísimo dinero de Instalaciones Deportivas y de Alcaldía, cifras que en mi opinión debieran ser sometidas a la correspondiente auditoría. Sabemos poco de los procesos realizados para adjudicar estos trabajos, del personal contratado para ello, de sus condiciones laborales y de los resultados obtenidos. Lo que sí conocemos son las relaciones del titular de la empresa con el periódico Gente y la coincidencia de los apellidos con un concejal cántabro del PP.
Ánimo, colegas, a consumar la deontología periodística. Estoy seguro de que hay algo sabroso que contar para que los burgaleses sepan más de cocina, que cuando los platos ya están servidos no hay quien descubra cómo se ha cocido la pasta. ¿Algún hambriento?

Ya saben los lectores de La Palabra que nos preocupan mucho los gastos asumidos por nuestro Ayuntamiento, por eso siempre nos fijamos en la letra pequeña de las adjudicaciones, pagos de facturas y etcéteras diversos que tienen origen municipal. Pensamos que con ello hacemos un buen servicio público que pocos más abordan, a la vista de las escasas consideraciones que sobre este particular se traslucen.
A mí me da por fijarme (hay que ver, qué afición) en las empresas que realizan servicios y los cobran con cifras de cuatro dígitos y más, sólo porque –tal vez a causa del dolor que supone pagar impuestos, dolor que comparto con todos los demás doloridos– me interesa mucho saber cómo se gasta ese dineral que tanto esfuerzo nos cuesta poner y que a veces quieren hacernos creer que es de otros.
Una de las empresas que más me motiva para ese control –manías que tiene uno– es la editora del periódico Gente, que fabrica además la revista Plaza Mayor y tiene concedida la explotación de los autobuses urbanos, amén de otros pecunios. Curiosamente, los cobros de esta empresa rara vez son especificados en los resúmenes que emite el Ayuntamiento. La adjudicación de la revista está reclamada en los tribunales –con todo tipo de estrategias dilatorias y rodeada de mucho veneno por la parte contratante de la segunda parte– y la concesión de los autobuses es un misterio que ni siquiera IkerJiménez podría desvelar: nadie sabe, en los círculos profesionales de la publicidad ni en el ámbito político de la oposición, desde o hasta cuándo dura el contrato, cuáles son los términos del acuerdo, por qué concurso se adjudicó y otros detalles de lógica y exigible transparencia.
Tampoco es nada bonito el tejemaneje de algunas empresas de comunicación, adjudicatarias de todo tipo de concursos, sobre todo de Alcaldía, IMC y Festejos, a la hora de repartirse botines y otros calzados con que aguantar la crisis del sector. Sigo insistiendo en que no se mira bien, porque si se mirara aparecerían sapos y culebras en partidas dinerarias que viajan a dos o tres, a lo sumo cuatro, escogidas agencias, entre las que se encuentra la encargada de contratar los espacios publicitarios del PP en las campañas electorales de la ciudad desde hace la pila de años.
El PSOE parece preocuparse poco de estos asuntos, tal vez le da miedo descubrir algo que motive imágenes de Burgos en los telediarios nacionales por algo más que por el frío. Sin embargo, una defensa honesta de los intereses públicos ha de basarse de manera inexcusable en la transparencia. Y aquí no la hay, es evidente. Asisten los socialistas por su escasa oposición a que las irregularidades en los procesos de adjudicación se perpetúen y consoliden con toda normalidad. A quien le perjudique, ajo y agua, amigos; pero cuidado con levantar la voz, que –lo vivo a diario– habrá quien trate de buscarte la ruina con todos los medios a su alcance.
Sin embargo, henchido de constructivo afán ciudadano, recomiendo a los burgaleses sin problemas de conciencia que exijan a los políticos, y en su momento a los jueces, fórmulas de control efectivo del dinero que se mueve en el Ayuntamiento. Que se pida siquiera el historial de adjudicaciones a ciertas empresas y que se miren bien los casos frecuentes y las mayores partidas. ¿Es mucho trabajo?
Por si se quiere comenzar por algún sitio, he recortado unos puntos del orden del día del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes (cada vez peor servicio y menos municipalizado), donde aparecen empresas con una sólida relación de cobro municipal. Igual algún ratón de archivo se anima a asomar el bigote por algún papel, a ver si encuentra tocino:
"4. Aprobación y pago de las facturas números 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09 y 27/09, emitidas por Sprintem, S.A., correspondientes a la prestación del servicio de proyectos de cursos de actividades físico-deportivas y del programa de Escuelas Deportivas Municipales, durante el mes de enero de 2.009, por importes de 1.345,64 €,11.550,56 €, 11.306,69 €, 7.981,21 €, 5.143,44 €, 2.294,84 €, 25.805,88 € y 5.498,16 €, I.V.A. incluido.
5. Aprobación y pago de la factura número 49/09, emitida por Arasti Barca, S.A., correspondiente a la prestación del servicio de proyectos de cursos de actividades físico-deportivas y del programa de Escuelas Deportivas Municipales, durante el mes de enero de 2.009, por importe de 79.735,27 €, I.V.A. incluido."
"7. Aprobación y pago de la factura número 09/0001, emitida por la U.T.E. Elitesport Gestión y Servicios, Sprintem, S.A., Arguion Yacht, correspondiente al servicio de prevención de accidentes, vigilancia y asistencia urgente para los usuarios de las Piscinas Municipales y playa del Ayuntamiento de Burgos, durante el mes de enero de 2.009, por importe de 16.184,64 €, I.V.A. incluido.
8. Aprobación y pago de las facturas números V01/1315 y V01/1350, emitidas por Sidecu, S.L., correspondientes al servicio de mantenimiento, limpieza, control, vigilancia acuática y consultoría de la Piscina Cubierta del Centro Cívico de “San Agustín”, durante el mes de enero de 2.009 y a la regulación del I.P.C. desde el 16 de noviembre de 2.008 hasta el 31 de enero de 2.009, por importes de 16.623,50 € y 1.444,57 €, respectivamente, I.V.A. incluido."
Sólo dos cosillas para el ratón: intentar definir la expresión "proyectos de cursos" y buscar en Burgos la playa en enero.

Después de la fiesta viene la cuesta. Con sus rebajas y sus números rojos a fin de mes enero no va a ser para que nos ilusionemos, así que más vale estar mirando bien la cartera por lo que pueda venir. Y lo que vendrá será más hambre para el pobre, que los grandes empresarios en tiempos de crisis aprovechan para sanear sus negocios a costa del despido barato y ganar más que cuando se ganaba; que los bancos recibirán más dinero de regalo para venderlo caro a los poco pudientes, en impúdica carambola financiada con impuestos; que la inseguridad general silenciará las ganas de reivindicar lo que nos falta, al ruego de "virgencitavirgencitaquemequedecomoestoy" entonado a ritmo de jaculatoria...
Un centenar de trabajadores municipales ya sabe lo que le queda: afrontar 2009 en el paro porque Gema Conde les ha pasado la cuchilla de la regulación. Hoy el director de Diario de Burgos felicita a la concejala por la política de deshumanización (al fin y al cabo se trata de suprimir seres humanos) en el Ayuntamiento en una de sus habituales cartas desde su tribuna, con la que no puedo estar en más desacuerdo. Todavía nadie me ha explicado cómo es posible que una empresa privada pueda lucrarse con los restos de una gestión que para el Ayuntamiento es ruinosa, siendo el Ayuntamiento una empresa que no persigue ese lucro.
Si los servicios municipales pueden dar beneficios es un atentado para los ciudadanos contribuyentes que dichos servicios se privaticen. Se enciende la sospecha de que tal vez convenga, para llegar a esa privatización, gestionar interesadamente mal esas tareas y provocar así la "necesidad" de la gestión privada, una táctica ya usada con la imposición de un hospital público para nuestra ciudad. La política del PP va por ese camino, y ahí coincido con lo que dice Ángel Olivares en su blog, cuando afirma que con estas actuaciones el Partido Popular reconoce su incapacidad para gestionar bien nuestros recursos.
Se ve que han echado cuentas y les salen bien: se van a ahorrar 200.000 euros al año mandando a la gente al paro e instaurando la gestión privada. Pues bien, ahí en la imagen (no sé cómo será de legible, perdón por las limitaciones) hay un ejemplo de los que al cabo del año se produce un centenar, el pago por un proyecto de obra de más de 30.000 euros, proyecto que tal vez nunca se ejecute como tantos otros, pero que nos cuesta un pico. Súmense los sueldos de altos cargos de confianza que literalmente no valen para nada, las sentencias gravosas como las de la gasolinera que preside el alcalde (millones de euros) y la obstinación en elegir los proyectos más caros de cada concurso para evitar su adjudicación a profesionales que no son de la cuerda, etc. Con esa cifra habría que contestar a Gema Conde, en vez de sacarla bajo palio en el Diario de Burgos como la salvadora de nuestra administración: una nueva lamida de bajos que también tiene su precio y que es superior a lo que cuestan esos cien empleos.
Y me quedo con ganas de poner algunos de los nombres de las empresas beneficiadas con estas privatizaciones, para que los más espabilados de turno aten cabos y conexiones entre sus dirigentes y quienes deciden privatizar. Confío en que la oposición se fije bien en eso, pues es en los amiguismos donde se basa la ponderancia de quienes manejan el cotarro, que aún funcionan con mecanismos feudales y apacientan siervos esclavizables a fuerza de propaganda demagógica.
Ya lo saben, los fijos discontinuos del Servicio Municipalizado de Deportes tienen claro que ya no son ni fijos ni discontinuos, ni siquiera lo contrario, móviles continuos. No son, para el Ayuntamiento, nada más que unas cifras que se embadurnan de necesidad en tiempos de crisis pero que esconden una privatización progresiva de los servicios públicos.
Es decir, ahora en vez de pagar a trabajadores que durante unos meses se ganan unas perrillas (imagino que no les da para calafatear el yate) encomendaremos tareas como acondicionar piscinas, cuidar canchas deportivas y otros menesteres a alguna empresa privada de las de la cuerda y, supuestamente, con eso nos vamos a ahorrar dinero.
A mí me parece una estafa de quienes están obligados a gestionar nuestros bienes comunes, pues no me entra en la cabeza –y ahora más que nunca podría presumir de "mente abierta"– que lo que es una ruina para la gestión pública pueda ser negocio para la empresa privada. Cuando menos, supone el reconocimiento del fracaso para quienes representan nuestros intereses, incapaces de convertir en sostenible lo que en manos de otros genera margen de beneficio. Cuando más, alimenta la sospecha del encerrado gato tras el que se escapan los bienes colectivos a manos privadas. Que se lo llevan muerto, vaya.
No sé si son 17, o casi, por ahí anda. La lista de trabajadores a suprimir en Deportes es pareja a la de cargos de confianza nombrados en 2003 cuyas posaderas siguen ahí a pesar de la sentencia judicial que declaraba ilegales sus nombramientos, sentencia recurrida con dinero de todos y cuyo desenlace sigue en el limbo de las eternidades jurídicas. A estos sí les da su sueldo para algún calafateo, pero sus tareas no se pueden privatizar. Qué lástima.

- lapalabradigital.es | Aviso Legal | Publicidad | Contactar -
correo: info[arroba]lapalabradigital.es