
El primer día laborable de marzo trae en la agenda la vista que ha de juzgar a ocho ciudadanos burgaleses por los sucesos acaecidos en la avenida de Eladio Perlado. He hablado mucho de este tema, pero hay que volver a ello porque se dan los peores parámetros de la relación entre el ciudadano y el poder, consecuencia siempre del abuso de este último.
El Ayuntamiento es el único acusador en un caso en el que la empresa perjudicada por los destrozos que ocasionaron los vecinos en sus protestas retiró hace mucho tiempo la querella. Esta sensibilidad privada no ha tenido paralelismo en el seno de la corporación, que se emperra en conseguir una condena ejemplarizante lloviendo sobre ocho cabezas de turco de los ochocientos responsables de los sucesos.
El empecinamiento en la represalia sólo se explica por una gran dosis de mala leche. El tiempo transcurrido es más que suficiente como para esperar una actitud magnánima de quien sirve al pueblo gobernándolo, pero en su lugar asistimos a una implacable tozudez que se antoja desmedida y que esconde el cabreo de los intransigentes por haber tenido que torcer el brazo, algo muy mal visto en según qué poses.
Con una mirada menos absolutista no sería descabellado pensar que quienes deben ocupar el banquillo de los acusados son los provocadores de aquella reacción ciudadana, los mismos que mantienen la represalia contra los vecinos. Pero las cosas son así, los más débiles pueden acabar en la cárcel por defender sus hogares, mientras quienes en la sombra dan mordiscos al pan común acusan y sentencian desde la impunidad. La razón ha perdido el juicio.

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