
El Ayuntamiento de Burgos ha sido criticado en numerosas ocasiones por su escasa sensibilidad en la política de empleo, una picadura mucho más venenosa en las épocas que corren, caracterizadas por la volatilidad extrema de la seguridad laboral. Las reformas en los cuerpos de Bomberos y Policía redujeron personal para que los que quedaban cobrasen más gracias a las horas extra (bonito ejemplo de solidaridad que se tragaron los sindicatos mayoritarios); los fondos del Plan E de Zapatero han servido para conseguir cifras ridículas en puestos de trabajo creados, en contraste con las contrataciones de la provincia; el personal eventual y discontinuo de los servicios municipalizados ha visto cómo se prescindía de su labor después de muchos años de vínculo laboral; etc., etc.
Ahora son los trabajadores y trabajadoras (sobre todo son mujeres) de la planta de tratamiento de residuos en Cortes quienes comprueban que sus vidas, sus trabajos y su dignidad para este Ayuntamiento valen un higo, o menos. Son 47 personas, otras tantas familas que van camino de la incertidumbre y la angustia del paro. Y es una barbaridad.
Los lectores más inquietos ya habrán leído la noticia en nuestro periódico: los afectados van a comenzar una huelga que no parece importarle a nadie, porque la empresa adjudicataria se sacude las pulgas y el Ayuntamiento no sabe y no contesta: si quiere arreglar el entuerto tendrá que poner dinero sobre la mesa y no está el horno para bollos, qué desolación.
Olvidarse en un pliego de condiciones el detalle "tonto" de tener en cuenta a 47 seres humanos y su futuro puede hacerse de dos maneras: por descuido, en cuyo caso los culpables debieran pagar por semejante perjuicio; o por interés, lo cual a mí personalmente me cuadra más. En los costes laborales reside muchas veces el secreto de que una adjudicación pueda ser más o menos rentable para la empresa o que se convierta en un auténtico pelotazo.
El panorama para los afectados no puede ser más triste. Si la justicia de lo social no lo remedia, que me da a mí que no, irán a la calle en pocos días y los nuevos adjudicatarios podrán contratar, con otra polìtica laboral, muchos menos trabajadores y peor pagados, que ahora las colas del Inem son caladeros fáciles para pescar bonito sudor a buen precio.
Esta liturgia tan previsible, en clave de explotación, no sería tan blasfema si en el Ayuntamiento no quedaran quince puestos de libre designación que cobran cifras mareantes, a pesar de que desde hace cuatro años los tribunales no paran de decir que sus nombramientos no eran legales, echando abajo los recursos que se instrumentan para alargar la felonía y observando cómo el gobierno del PP pasa olímpicamente de cumplir las sentencias judiciales.
Lamento profundamente dos cosas: que estas evidencias no pasen factura electoral a los artífices y responsables de tanta política antiproletaria (y eso que el proletariado es absolutamente mayoritario), y que los trabajadores municipales guarden tanto silencio sobre el problema. La solidaridad entre compañeros del Ayuntamiento, ya se ha visto en otros casos, es inexistente. Debieran recordar aquellos versos –que no deben ser de Bertolt Brecht, sino de un teólogo contemporáneo suyo– en los que primero se llevaban a los judíos, luego a los comunistas..., pero a él no le importaba.

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