
Vivir en sociedad es uno de los castigos y beneficios de la existencia humana, no muy distinta en términos absolutos de otras existencias que también encuentran en el asociacionismo ventajas para la supervivencia. Compararnos con los animales suele desvelar en ocasiones la gran dosis de irracionalidad que ha aportado nuestra capacidad de razonamiento a la organización social.
La calidad de los servicios públicos es un magnífico termómetro para medir el grado de desarrollo en cualquier sociedad. El colectivo encomienda estas tareas a un grupo de gestores cuya obligación es tener todo a punto, para que quienes pagan religiosamente su contribución al bote común obtengan los servicios sociales que les parecen básicos, esenciales para seguir considerando a un grupo de seres "sociedad" y no "manada".
Que los gestores encarguen a terceros la ejecución de los servicios públicos es una estafa a la sociedad. Sin embargo, se vende la idea de que así resultan más baratos y serán mejores, maná que la manada deglute sin repulsión por la sacarina en que está envuelto. Hay centenares de aditivos capaces de esconder el sabor de lo razonable.
Lejos de reconocer su incapacidad para ser buenos gestores, quienes apartan de lo público la prestación de estos derechos lo deciden sabiendo que los adjudicatarios harán negocio, por eso no suena nada bien que los servicios públicos funcionen mal, o no funcionen, cuando son públicos; y menos cuando esa realidad se convierte en coartada para su privatización. Existiendo dinero de por medio raya en la bisoñez pensar que no existe trampa, o que quienes asumen esa estrategia lo hacen sin interés personal.
En Burgos, como en toda la región, tenemos epidemia de estos casos. Sólo con el tema sanitario podríamos hacer cien entradas en esta bitácora, pero hoy quiero fijarme en la amenaza que se cierne sobre los llamados "educadores sociales" y, en concreto, sobre el profesorado de las escuelas infantiles públicas para niños de 0 a 3 años. Los planes de la Junta –arrojar a los ayuntamientos la gestión para que éstos se la quiten de encima– acabarán cargándose su relación laboral con la Administración, poniendo sus contratos y su futuro en manos de los explotadores del servicio.
¿Cómo conseguirán las empresas adjudicatarias obtener beneficios? Simplemente, estrangulando al trabajador y rebajando sus derechos para acabar sustituyéndolo por personal menos cualificado y con menores exigencias salariales, además de recortar gastos en mejoras de instalaciones y dotaciones. Este tipo de empresas, por lo común, cuentan únicamente con una pequeña oficina desde donde gestionan el personal que encaminan a cada puesto y los cobros que provienen de la Administración. Un chollo de negocio.
Si se mira bien –la sociedad en manada adolece de gafas– no es difícil encontrar en la dirección o en la titularidad de esas empresas "de servicios" a personas muy relacionadas con cargos políticos, hermanos, primos y demás familia de concejales y consejeros. Amigos de sangre o del alma vampirizando las venas del cadáver social, mientras los individuos pastan en la cada vez más exigua pradera.

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